Responsabilidad penal de políticos y funcionarios públicos

   La corrupción, la compraventa de la función pública, no es un problema doméstico, muy al contrario, tanto en el ámbito europeo como en el internacional, se han dictado una serie de directivas y convenios que se han traspuesto a los ordenamientos jurídicos de la inmensa mayoría de los países. En España, la corrupción y el fraude, después del paro, son los problemas que más preocupan a los ciudadanos, y no tanto por su peligrosidad, sino por el quebranto del Estado de Derecho, por la contravención de los principios constitucionales de legalidad, objetividad e imparcialidad que deben presidir la función pública. Las leyes estatales y autonómicas, y los órganos que se han creado para luchar contra el fraude, de poco han servido para acabar con esta lacra. En la mente de todos están los casos Malaya, Palau, Ballena Blanca, Gürtel, Brugal, Mercasevilla, ERE’s, Nóos, Palma Arena, Pretoria, Villarejo, etc., por lo que se proponen algunas medidas para atajar este problema, entre otras, despolitizar la justicia, habilitar a los Jueces de lo contencioso para que puedan investigar a la Administración, proteger al delator, no tolerar la corrupción gris, exigir programas de compliance a las empresas que contraten con el sector público, potenciar el decomiso, limitar los puestos de libre designación, luchar de forma real contra los cárteles, identificar a los beneficiarios del gasto público, etc., pues está comprobado que la prevención es mucho más fructuosa que la represión, bien entendido que las penas más eficaces no son las más altas, sino las más inevitables. En el presente manual se estudian los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios, etc., delitos comprendidos en el Título relativo a los “Delitos contra la Administración Pública”, aunque también se analizan otros delitos conexos que pueden ser cometidos por políticos y funcionarios públicos.